Las secuelas de la última dictadura cívico-militar aún no han desaparecido del horizonte nacional. El gobierno de facto no solo dejó consecuencias en el tejido social con la sistemática violación a los derechos humanos, sino que sus políticas económicas condicionaron largamente las últimas décadas. El Museo de la Deuda Externa rememora alguna de ellas.
El período 1976-1983 inauguró el primero de los dos grandes ciclos de endeudamiento del último medio siglo. Las políticas económicas de la última dictadura, aplicadas en primer término por José Alfredo Martínez de Hoz y posteriormente por Lorenzo Sigaut, se basaron en un modelo de valorización financiera.
A comienzos de 1976 se congelaron los salarios, se eliminaron los sistemas de control de precios y se incrementó el tipo de cambio. Esto produjo un rápido deterioro del 30% del salario real de las clases trabajadoras. A su vez, se sancionó una nueva ley de entidades financiera que permitía la libre movilidad de los capitales; se abrió la economía y se bajaron aranceles, con el pretexto de controlar la inflación. Por su parte, los sectores dominantes de la sociedad que disponían del acceso al crédito internacional se volcaron por la “bicicleta financiera” en detrimento de la inversión productiva.
La “bicicleta financiera” consistía en obtener dólares a una baja tasa de interés en el mercado internacional, colocarlos en el mercado interno con un diferencial de tasas de interés – en relación a la tasa internacional -, reconvertir dichos créditos nuevamente a dólares y retirarlos del país.
Hacia fines de la dictadura, el 17 de noviembre de 1982, se llevó a cabo la estatización de la deuda de los grandes grupos empresarios privados. La deuda estatizada ascendía a USD 14.5 mil millones. La mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron dicho monto, se trataban de meras registraciones contables entre las casas matrices y las sucursales radicadas en Argentina, es decir, auto-préstamos y maniobras fraudulentas.
Al finalizar la dictadura, la deuda había aumentado un 449%. La misma había ascendido de 8,2 mil millones en 1976, a 45 mil millones en 1982, constituyendo parte de la pesada herencia que recibiría la administración de Raúl Alfonsín.
