Sin dudas marzo evoca el inicio de uno de los procesos más sangrientos de la historia argentina. Signada por el terrorismo de estado y la desaparición sistemática de personas, el 24 de marzo de 1976 comenzaba la última dictadura cívico-militar. Este período no solo se caracterizó por la metodología del secuestro, tortura y desaparición de personas, sino también por la instauración de los centros clandestinos de detención como espacios de exterminio de los prisioneros, y por la diseminación del miedo hacia toda la población.
Además de ser recordada como una de las épocas más oscuras en lo social, la Junta Militar levó a cabo una serie de reformas económicas que resultaron muy perjudiciales para la industria nacional y las clases trabajadoras, aparte de ser el primer período de fuerte endeudamiento externo. De la mano del entonces Ministro de Hacienda, José Alfredo Martínez de Hoz, se llevó a cabo el llamado “modelo de valorización financiera”. El plan adoptado implicó el congelamiento de los salarios, la eliminación del sistema de control de precios y el incremento del tipo de cambio.
Durante los siete años del gobierno de facto, la deuda externa se quintuplicó: los U$S 9 mil millones de 1976 pasaron a ser U$S 45 mil millones en 1983. Una consecuencia derivada de esta problemática fue la intensa fuga de capitales durante este período. La misma se vio fomentada por distintos mecanismos, entre los cuales la “bicicleta financiera” cobró mayor envergadura. Dicho proceso se irguió sobre las bases de la especulación financiera: un agente se endeudaba con bancos de países desarrollados a tasas del 3% al 4% anual, y luego convertía los dólares a pesos en Argentina para colocarlos al 12% o 14% mensual. A continuación realizaba la reconversión a dólares, obteniendo un considerable beneficio, repitiendo la operatoria la cantidad de veces que le fuese rentable. La importancia del primer impulso y el constante movimiento circular que caracterizaba al circuito propiciaron el nombre de “bicicleta”.
Quince años después, un nuevo plan económico irrumpió en la escena argentina. El 27 de marzo de 1991 fue sancionada la ley de Convertibilidad, por iniciativa del Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo. En los albores de su aplicación se logró frenar la hiperinflación del período e incluso regresaron los capitales. La ley 23.928 establecía una relación cambiaria entre la moneda nacional y la estadounidense, a razón de 1 dólar por cada 10.000 australes argentinos (posteriormente, un peso convertible, dejando la paridad de $1=U$S1).
Para mantener dicha paridad se recurrió primero a la privatización de empresas públicas y luego al endeudamiento externo. Durante los diez años que el presidente Carlos Menem se mantuvo en el poder, la deuda externa aumentó en u$s 60.000 millones, convirtiéndose así en el segundo período de fuerte endeudamiento. Este factor fue clave para la crisis que se desató en 2001, ya con Fernando De La Rúa como presidente.
