En la década de 1980, ante la inestabilidad reinante en el plano económico internacional, muchos países desarrollados optaron por reestructurar sus economías para hacerlas más competitivas. Los países latinoamericanos, por su parte, se vieron forzados a adoptar planes ortodoxos de estabilización de precios.
Argentina no fue la excepción, y el 14 de junio de 1985, el ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille, implementó el denominado “Plan Austral”. El mismo supuso la creación de una nueva moneda, el congelamiento de precios y salarios y el impedimento de emitir moneda sin respaldo.
En un principio, la medida coadyuvó al control de la inflación, al aumento de las exportaciones y reservas y a la recaudación fiscal. Sin embargo, al haber sido diseñado en términos cortoplacistas y al haber carecido de una proyección definida, el plan económico fracasó.
Dos meses después, la situación se tornó más crítica, los precios ascendían y el déficit fiscal no cesaba. El gobierno radical colocaba cada vez más bonos en el mercado para conseguir financiamiento, hasta que no pudo seguir pagando la deuda externa. Esto fue lo que se conoció como default no declarado. El mismo tuvo lugar en 1988, sumido en un contexto económico insostenible en el que prevalecía la recesión, la desocupación, la devaluación de la moneda y la hiperinflación.
Trece años después, durante la administración de La Alianza FREPASO-UCR, comandada por Fernando de La Rúa, el ministro de Economía Domingo Cavallo ideó un plan económico basado en el canje de bonos. El “Megacanje”, como se conoció a esta operatoria, consistió en una reestructuración de deuda destinada a alargar los plazos de pago, a cambio de un significante incremento en los intereses y en el monto de capital adeudado, pagando altas comisiones a los siete bancos colocadores (Banco Francés, el Santander Central Hispano, el Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y CreditSuisseFirst Boston).
En términos cuantitativos, la operatoria aplicada el 19 de junio de 2001 consistió en el rescate de títulos de 28 mil millones de dólares, representados por 46 bonos, a cambio de nuevos títulos por más de 30 mil millones de dólares, con vencimiento en 2031. Además, se fijó un incremento de interés de los bonos Brady –que pasaron del 6% al 12%-, por lo que en total implicó un aumento de la deuda externa en más de 53 mil millones de dólares, en concepto de capital e intereses.
Los efectos del “Megacanje” resonaron de manera más fuerte en diciembre de ese mismo año. Con un índice de pobreza que llegaba al 50% y una indigencia del 25%, De La Rúa anunció el corralito y, días después, declaró la cesación de pagos luego de dos intensas jornadas de manifestaciones que expusieron la crisis política, económica y social que atravesaba la Argentina.
