Para poder comprender el proceso de reestructuración actual es necesario remontarnos a los últimos años, y analizar cómo llegamos a donde estamos hoy.

Luego de dos canjes de deuda exitosos en 2005 y 2010 en los que el 93% de los bonistas aceptó la oferta argentina, el país comenzó con problemas judiciales debido a que un grupo de bonistas le hizo juicio en los tribunales estadounidenses.

Tras varios años de conflicto en los tribunales en los estadounidenses con fallos del juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitres, en abril de 2016 Argentina logró un acuerdo. Para ello, volvió a endeudarse en los mercados internacionales por primera vez desde el default de 2001 y se emitieron nuevos bonos por u$s 16.000 de los cuales u$s 9.300 millones se destinaron al pago a los fondos buitres y el resto a cubrir el déficit fiscal.

Asimismo, durante 2017 Argentina emitiò títulos de deuda por 2.750 millones de dólares a pagar en 100 años, el mayor plazo acordado por el país, con un pago semestral de intereses y una tasa del 7,9%. Sumado a otras emisiones por parte del gobierno, durante estos primeros dos años de gestión el endeudamiento público creció u$s 80.000 millones aproximadamente.

En 2018, tras un aumento de las tasas de mercado, Argentina recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI). Se pactó un acuerdo stand-by por 36 meses y una suma total de U$S 50.000 millones, siendo el desembolso más grande realizado en la historia del FMI y transformándonos en su mayor deudor. De esta manera, 12 años más tarde de haber cancelado la totalidad de la deuda con dicho organismo, se tomó un nuevo empréstito.

Este acuerdo buscaba como punto principal reforzar la economía del país restableciendo la confianza y credibilidad del mercado mediante un programa macroeconómico que, según comunicaban las autoridades, «reduciría las necesidades de financiamiento, encauzaría la deuda pública argentina por una trayectoria descendente firme, reduciría la inflación a niveles de un solo dígito para fines de 2021, fortalecería de la independencia del banco central, poniendo fin al financiamiento directo e indirecto que le otorgaba al gobierno y manteniendo, también, un tipo de cambio flotante determinado por el mercado». Su intención era limitar la intervención cambiaria a períodos de significativa volatilidad y disfunción de los mercados, y reconstituir las reservas amortiguadoras.

Las políticas que pretendieron aplicar las autoridades buscaban abordar vulnerabilidades de larga data, lograr que la deuda siga siendo sostenible, recortar la inflación y promover el crecimiento y la creación de empleo, reduciendo al mismo tiempo la pobreza.

En primer lugar, la decisión del Directorio del FMI permitió a las autoridades el desembolso de U$S 15.000 millones en forma inmediata. La mitad de esa cifra se utilizó para el respaldo presupuestario y el monto restante se iría desembolsando a lo largo del acuerdo.

El saldo del gobierno de Mauricio Macri en materia de endeudamiento público fue un incremento de u$s 83.000 millones y el ratio deuda/PBI pasó de 52,6 a 90,3%.

A comienzos del 2020 la nueva administración con Alberto Fernández como presidente y Martín Guzmán como Ministro de Economía, fijó como prioridad realizar una reestructuración de la deuda pública. El 16 de abril el gobierno argentino presentó la primera oferta que contemplaba un período de gracia de tres años y una quita en términos de pago de capital de u$s 3600 millones, con una reducción mayor de intereses equivalente al 62%.

En mayo del mismo año, y tras la baja aceptación a la propuesta argentina de reestructuración de la deuda externa, el gobierno informó acerca de la medida de extensión del plazo de adhesión al canje de deuda, retomando contacto con los acreedores y trabajando en mejorar su oferta, para aumentar el número de aceptación y evitar caer en default.

El 6 de julio Argentina presentó una nueva oferta que establecía una quita total de u$s 33.230 millones (32.000 millones de intereses y 1.230 millones de capital) y un período de gracia de un año. Sin embargo, dos semanas más tarde, los tres grupos de acreedores más importantes (Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje) presentaron una contrapropuesta. En ella se proponía un valor promedio de 56,5 dólares contra los 53,5 que proponía el gobierno.

Finalmente, en la madrugada del 4 de agosto, el gobierno argentino anunció un acuerdo con los principales grupos de acreedores y extendió el plazo para ingresar al canje al 24 de agosto.

Tras una negociación de cuatro meses, el 31 de agosto el Ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que, concluido el plazo de adhesión, Argentina logró reestructurar el 99% de su deuda pública externa en moneda extranjera y consiguió salir de la cesación de pagos.

Al obtener una adhesión masiva del 93,5%, se activaron las cláusulas de acción colectiva y de esta manera se reestructuraron bonos por aproximadamente u$s 66.000 millones. El acuerdo establece una quita de u$s 37.700 millones, y reduce los intereses del 7 al 3,07%.

También se estableció que el próximo paso necesario en la materia de endeudamiento es negociar con el Fondo Monetario Internacional.