A poco más de un mes de haber asumido Carlos Saúl Menem, el 17 de agosto de 1989, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Reforma del Estado. Siguiendo lo estipulado en el Consenso de Washington, la Argentina inició un proceso de privatizaciones que signaría la última década del siglo XX.

A principios de dicho año, el economista inglés John Williamson había elaborado un decálogo de recomendaciones para los países emergentes, que contaba con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Dichas recetas apuntaban a la modernización de los estados en pos de superar las sucesivas crisis y emprender el camino del desarrollo.

En ese contexto, se preveía un fuerte ajuste en las funciones y recursos de los estados nacionales, que debían dejarle paso a la iniciativa privada buscando alcanzar los máximos estándares de eficacia, eficiencia y transparencia.

La Reforma del Estado fue uno de los puntales de las políticas neoliberales aplicadas durante la década del noventa. Lejos de cumplir con las premisas que pregonaban sus gestores, los resultados contribuyeron al deterioro de las condiciones de vida de la población, aumentando la desigualdad, el desempleo, la pobreza y la indigencia. El proceso de privatizaciones estuvo además atravesado por la corrupción estructural.

A partir de la sanción de la citada ley, el Estado argentino se fue retirando de sus funciones básicas e indelegables, generándose una situación social cada vez más deteriorada que tuvo su corolario en las jornadas de fines de diciembre del año 2001.